VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS, POLÍTICAS, SOCIALES Y CULTURALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESAMIENTOS TÉRMICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN COSTA RICA

Resumen

En este ensayo se realiza un análisis de las condiciones sociales y culturales del costarricense con respecto a la utilización de procesos térmicos como un instrumento para la reducción volumétrica de los residuos sólidos generados, así como del marco normativo construido con el propósito de regular la implementación, operación, control y monitoreo de este tipo de tecnologías y de los potenciales costos de operación transferidos vía tarifas al usuario final. Mediante un método constructivista, utilizando un mapeo político y un análisis de coyuntura, se procedió a analizar las fortalezas o debilidades del Estado Costarricense y de su institucionalidad, en resguardo de potenciales efectos negativos que se asocian a la tecnología de tratamiento térmico de residuos y se identificaron las variables socio-culturales y políticas de mayor peso en la definición de un modelo de gestión para una planta de procesamiento. Los resultados obtenidos y sus principales hallazgos nos permiten concluir que la débil estructura institucional del Estado en cuanto a sus labores de control y seguimiento sobre la operación de este tipo de proyectos, se constituye en una seria amenaza con respecto a la calidad y continuidad del control de emisiones y descargas del proyecto en su área de influencia. Dada la ausencia de información de calidad en los estudios preliminares de proyecto, no fue posible realizar una valoración de la factibilidad financiera de una propuesta de tratamiento térmico de residuos ni de su incidencia en la estructura tarifaria de las municipalidades. Adicionalmente, la cesión de los residuos de parte de los Concejos Municipales a un gestor para el tratamiento térmico, podría ser contrario a la voluntad de los principales actores sociales manifiesta en el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos y por lo tanto constituirse en un acto sin la validación política de la ciudadanía y que viola el principio de participación ciudadana expresado en la Ley 8839, Ley para la gestión integral de resíduos.